El Guardián

Carlos Quintero J. Nadia Luz María Lara Chávez, expresidenta del TSJ de Morelos. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado (ESAF) de Morelos requiere a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz María Lara Chávez la devolución de un millón 38 mil 3 pesos por el pago indebido que realizó, por concepto de aguinaldo del 2015, a dos magistrados y dos consejeros de la Judicatura. Los magistrados beneficiados son los electos en junio del 2014: María del Carmen Aquino Celis y Luis Jorge Gamboa Olea, ambos recibieron un pago indebido de aguinaldo de 300 mil 386 pesos con 85 centavos con cargo a los recursos públicos, consta en el documento oficial obtenido por este reportero. Así también el aguinaldo de los concejeros de la Judicatura: Guillermina Jiménez Serafín y Abraham Romo Pérez, la primera por una cantidad similar a la de los magistrados referidos, y el último por 136 mil 842 pesos con 90 centavos, del cual gozaron, contrar

Carlos Quintero J. La situación jurídica de José Manuel G. O. y Juan Antonio M. A., dos de las personas detenidas y relacionadas con el multihomicidio protagonizado por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos, se definirá este sábado 2 de diciembre. La jueza de Control de Garantías, Nancy Aguilar Tovar resolvió "reprogramar" la audiencia inicial, la cual se tenía prevista desahogar a las 18:00 horas del viernes, tras conocer que los abogados defensores presentarán varios testigos además de videos sobre el hecho. Los testigos y los vídeos, ofrecidos por la defensa, pretenderán demostrar que la versión de los agentes de la policía es falsa porque la detención habría sido ilegal y contraría a los derechos fundamentales de toda persona. Aunque los abogados argumentaron que se trata del mismo hecho, Nancy Aguilar fijó la audiencia de control de José Manuel a las 12:00 horas del sábado; y la de Juan Antonio a las 13:30 horas, ya que la Fiscalía pr

Edificio del Poder Judicial del Estado de Morelos. Carlos Quintero J. La Procuraduría General de la República (PGR) ejercerá acción penal contra la jueza, María Luisa Sánchez Osorio y el secretario de acuerdo, Juan Cedillo Flores, ambos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, denunciados por el delito contra la impartición de justicia y violación a la Ley de Amparo. Información recabada por este reportero revela que el caso deriva de la denuncia AP/PGR/MOR/CV/727/2017, iniciada por Oscar Luis R. T, y en representación de sus dos hijos, menores de edad, y cuyos detalles del hecho serán dados a conocer en una audiencia prevista para el viernes 8 de diciembre. Sánchez Osorio es denunciada por el artículo 215, fracción IV: “Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por l

Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos. Carlos Quintero J. Una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, en el estado de Morelos, aplazó la audiencia intermedia del proceso judicial contra 18 personas, imputadas por el delito de portación de arma de fuego, ya que aún falta por resolverse un juicio de amparo, promovido por la defensa de dos de los inculpados. El hecho provocó que los abogados defensores, de las otras 16 personas vinculadas a proceso, pidieran a la jueza, María Isabel Reyes Servín la separación de acusaciones bajo el argumento de que la demora de la resolución del juicio de amparo, vulneraba el derecho de sus clientes a una justicia pronta y expedita. En la audiencia programada, a las 13:00 horas del martes 10 de octubre en la Sala Uno del Centro de Justicia Federal, se pretendía continuar con la etapa intermedia para conocer las evidencias recabadas por la fiscalía y la defensa, pero la juzgadora tuvo que resolver antes

Carlos Quintero J. ¿Cuál es el mecanismo que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos utilizó para seleccionar y designar a Adolfo González López como Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial? Es la pregunta formulada el viernes 28 de julio del presente, a través de la solicitud de información con número de folio 00579617, y que a más de un mes no responde el órgano colegiado , que por ley le corresponde la administración, vigilancia, y disciplina del Poder Judicial. El Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura establece, en el artículo 15, párrafo 3, que entre las atribuciones del órgano se encuentran: “Acordar los nombramiento de los jueces y del personal jurídico de los juzgados, previa presentación de exámenes de oposición o concurso de méritos que determine, el Consejo; así como designar al personal de apoyo que permita el presupuesto asignado”. Pero ¿por qué viene al caso? porque A

Carlos Quintero J. Carla Mariel G. M. y Luis Daniel P. C. denunciaron que tras ser detenidos sin motivo alguno por la Policía Morelos, y después de ser puestos bajo custodia del Agente del Ministerio Público, sufrieron actos de tortura en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado. En entrevista con el reportero, la pareja dio a conocer que todo comenzó el martes 1 de agosto del presente, alrededor de las ocho de la mañana, cuando en compañía de la mamá de Carla Mariel, otra mujer y una niña de tres años viajaban rumbo a Tepoztlán. “Íbamos en un auto GTI, color negro, y a la altura del crucero del poblado de San Andrés de La Cal, una patrulla nos alcanza y un policía le ordena detenerse a Luis Daniel. Era la patrulla con número 0011 de Tepoztlán” refirió Carla Mariel. Los policías retuvieron sin motivo alguno a las personas que viajaban en el auto hasta en tanto arribaron otras cinco unidades al lugar, y el vehículo era revisado. Minutos después confirmaron que n

Carlos Quintero J. Fabián Tlalapango Carrasco denunció a la Unidad Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión (UECS), de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos, de incurrir en actos de negligencia para investigar y esclarecer el secuestro y homicidio de su hijo, Tonatiuh. Apenas el pasado 25 de abril, Tlalapango Carrasco encontró el cuerpo sin vida de Tonatiuh, quien se hallaba desaparecido desde hacía 6 meses. Debido a la ineficiencia de las autoridades ministeriales, el hombre decidió por iniciativa propia buscar a su hijo. En esta ocasión, Fabían Tlalapango dio a conocer que uno de los principales implicados, en el secuestro y homicidio del joven de 21 años de edad, aún no comparece ante el agente del Ministerio Público para declarar respecto al caso. “En reiteradas ocasiones les he dicho e informado que esta persona, aún y cuando sea cambiado de domicilio, esta localizable y no han hecho nada para esclarecer este secuestro y asesinato” manifes

Carlos Quintero J. Custodios del CERESO en operativo de traslado de internos. El proceso penal contra el presunto homicida del empresario Juan  Manuel G. B. se retrasará tres meses porque la Fiscalía solicitó más tiempo para recabar pruebas del crimen ocurrido durante una cabalgata en plena avenida Plan de Ayala. La audiencia tuvo diversas particularidades, como fue el hecho de que provisionalmente conoció el caso un tercer Juez, un nuevo fiscal y el acusado revocó a su abogado particular y pidió que le asignaran un defensor gratuito. La diligencia, programada a las 13:00 horas del jueves 20 de julio en la sala de 3 del Juzgado de Primera Instancia de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, inició con 12 minutos de retraso. La primera sorpresa fue que ya no apareció el juez Daniel Adán Rodríguez Apac y tampoco la jueza Gabriela Acosta, sino Jesús Valencia Valencia, quien adujo que la juzgadora tenía problemas de salud. En el caso del fiscal Pablo

Carlos Quintero J. Con la oscuridad de la madrugada cayendo sobre el edificio del Poder Judicial de la Federación, Venustiano G. N. baja el rostro hacía el piso del estrado. Se muerde los labios. Cabizbajo piensa, entrelaza los dedos de las manos y las truena como nueces: está nervioso. El policía de cara redonda, cejas escasas, nariz grande, labios caídos y tez oscura; tuerce la boca y aprieta la mandíbula. Parpadea mientras su mirada perdida busca encontrar una respuesta a la pregunta del abogado. Con titubeo responde: - Ahorita no los reconozco… en ese momento todos andaban, todos sucios. No los reconozco- dice mientras mira a cada una de las siete personas sentadas frente a él. - Señor por favor, responda las preguntas que a usted le constan y que le está preguntando el abogado- le apercibe la jueza del Centro de Justicia Penal Federal, Karla M. O. - ¿En qué parte del auto iban las armas?- interroga el defensor. - No me constan a mí. Pablo S. C. se enca

Carlos Quintero J. Un tribunal de alzada ordenó al agente del Ministerio Público abrir una investigación en contra de agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) por tortura, y en agravio de cinco personas sentenciadas en el caso del exdiputado, David Martínez Martínez. En la audiencia de casación, que se desahogó el pasado fin de semana en el Juzgado del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos fijaron un plazo de 15 días cumplir con la encomienda. La autoridad judicial apercibió al agente del Ministerio Público para que en caso de ser omiso al mandato, se impondrá una multa de cien unidades de medidas y actualización, antes salario mínimo, al Fiscal General Javier Pérez Durón por ser el representante de la institución. De acuerdo con la resolución de los Magistrados existen indicios suficientes para presumir que los agentes de la Policía de Investigación

Carlos Quintero J. Un tribunal de enjuiciamiento absolvió a seis personas, acusadas de secuestro, por insuficiencia de pruebas y un deficiente trabajo de agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC), adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS). El caso ocurrió el 1 de diciembre de 2015, alrededor de las 14:00 horas, en la calle Pinos número 130 de la colonia Santa María Ahuacatitlán de Cuernavaca. La persona víctima llegó a ese domicilio y cuatro hombres lo interceptaron para privarlo de su libertad.  Los secuestradores exigieron el pago de 10 millones de pesos por la libertad de la víctima pero días después, el 16 de diciembre, los agentes de la UECS realizaron un operativo y detuvieron a cinco personas. La Fiscalía estableció que las personas implicadas habrían sido aprehendidas junto con la víctima pero la Fiscalía no logro demostrar esa versión en el juicio por el contrario se reveló un montaje. En el caso de Israe

Carlos Quintero J. Un vídeo confirmó el abuso de autoridad de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos en la detención a dos personas, a quienes el titular de la misma Alberto Capella Ibarra exhibió como "presuntos" responsables del robo en una fiesta de Baby Shower. La imagen grabada por las cámaras de seguridad de la empresa Clínica Mega Salud, ubicada en la avenida Emiliano Zapata de la colonia El Castillo de Jiutepec, reveló que Cristian “N” y Miguel “N” fueron detenidos en circunstancia distinta a la versión oficial. Ese dato de investigación, una fotografía y la declaración de dos testigos presenciales evidenció el trabajo que lleva a cabo la CES para combatir la inseguridad en el estado. En la audiencia de vinculación a proceso del viernes 23 de junio a las 13:34 horas, los defensores: Alejandro Legorreta Soto y Oscar López Macedo exhibieron ante el juez de Control, Ramón Uribe la ilegalidad en el caso. Primero, la presentación del vídeo que

Carlos Quintero J. La defensa de una persona, imputada por feminicidio, presentará una denuncia en contra de Fabiola García Betanzos, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Feminicidios y Homicidios por el delito de falsificación de firmas. Todo ocurrió la mañana del pasado miércoles 7 de junio del presente cuando se dio apertura a la audiencia intermedia, relacionada con la causa penal JC/630/2016, y el Agente del Ministerio Público pidió a la jueza suspender la diligencia porque existía, en el caso, un juicio de garantías en proceso. Tanto el Fiscal y el Asesor de la Víctima dijeron desconocer quién presentó la promoción de dicho recurso que era en contra de la resolución que emitió un tribunal de alzada el pasado 11 de mayo del presente. Como antecedente, ese día los Magistrados de la Primera Sala, por mayoría, confirmaron la resolución de un juez de control para no obligar a la persona imputada a ser sometida a un exame