El Guardián

Carlos Quintero J. Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos La tarde del jueves 27 de octubre, catorce jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado fueron cambiados de adscripción. Fuentes oficiales confirmaron que cinco de los juzgadores, adscritos al Juzgado del Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca, fueron enviados a la zona oriente y otros dos a la zona sur de la entidad. Se trata de los jueces: Tomás Mateo Morales, Bertha Vergara Álvarez, Martín Eulalio Domínguez Casarrubias, Arturo Ampudia Amaro y Elvia Terán Peña. Así como de Javier Hernando Romero Ulloa e Isidoro Sandoval Lome, respectivamente. Los juzgadores adscritos al Segundo Distrito Judicial, con sede en Jojutla, Nancy Aguilar Tovar y Guadalupe Reyes Cárdenas, fungirán ahora con su labor en la zona metropolitana, en relevo de Romero Ulloa y Sandoval Lome. Mientras Gloria Angélica Jaime

Carlos Quintero J. Por la violación al debido proceso, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos ordenó anular la sentencia de 270 años de prisión y reponer todo el proceso judicial de una persona indígena, detenido por el homicidio de seis personas y ocurrido en septiembre de 2009. En la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo, celebrada a las 13:14 horas del jueves 20 de octubre del presente, los magistrados Manuel Díaz Carbajal, Miguel Ángel Falcón Vega y María Idalia Franco Zavaleta dieron a conocer la sentencia. Al respecto se informó que tras resolverse el recurso de casación en su contra, la persona sentenciada promovió un juicio de amparo directo por violación a una adecuada defensa, ya que por su condición de indígena no se le designó un intérprete para garantizar ese derecho. - No se tomaron las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia, mediante un intérprete de un imputado indígena- leyó

Carlos Quintero J. Comparecen once trabajadores del Poder Ejecutivo en audiencia inicial. La Fiscalía General del Estado (FGE) ejerció acción penal en contra de once integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, al formular imputación por el delito de despojo y en agravio del depuesto líder sindical, Daniel Hernán López Rodríguez. En la audiencia, celebrada a las 09:20 horas del lunes 17 de octubre, la autoridad ministerial informó sobre la investigación que realiza en contra de Alfredo Oest Lozoya, Alfredo Padilla Aguirre, Alicia Guadarrama Morales, Argelia Corona Núñez y Belinda Balladares Flores. Asimismo hacia Irene Mondragón Mondragón, Luis José Eder Celaya, María Candelaria Arteaga González, María del Carmen Valdez, María Eugenia Balbas Gómez Nava y Víctor Ricardo Franco Servín. El Fiscal Adrián García Mojica, en compañía el asesor particular de la víctima Pedro Mendoza Vázquez, dio a conocer a la jueza de Control de Garantías del Pri

Carlos Quintero J. La muerte de un hombre, imputado por el delito de narcomenudeo, motivó a un juez de Control de Garantías del Primer Distrito Judicial a suspender el proceso penal que seguía en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE), y concedió el sobreseimiento del caso. La persona imputada es José María V. U. de 42 años de edad, asesinado el sábado 17 de septiembre, alrededor de las 17:00 horas, en la calle Javier Mina de la colonia Lomas del Carril del municipio de Temixco. El portal web “Data Jurídica”, refiere que José María V. U. tenía cuatro procesos judiciales, en el último de los cuales, la Fiscalía le otorgó el beneficio de una suspensión condicional a su proceso pero no cumplió porque murió de manera violenta.       En la audiencia celebrada a las 10:00 horas del miércoles 12 de octubre del presente, en la Sala Cinco del Juzgado de Control y Juicio Oral, un supervisor de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Internas Alternas para Adultos (UM

Por Carlos Quintero J . El Fiscal Regional de la Zona Oriente, Rafael Ávila López dimitió la noche del martes 4 de octubre, y se espera que en las próximas horas asuma dicho cargo, Julio Ernesto Silvar García quien se venía desempeñando como Fiscal Regional de la Sur Poniente. De acuerdo con una fuente oficial, Rafael Ávila presentó su renuncia por motivo de “un mejor proyecto de trabajo” pero dicha versión no ha sido confirmada por el propio exservidor público, quien fue buscado para ser entrevistado al respecto. Una segunda versión es que el Fiscal General, Javier Pérez Durón pidió su renuncia por afectar los intereses del personal de la misma institución y realizar cambios de agentes del ministerio público que son protegidos por funcionarios del estado. Aunado a lo anterior existía una confrontación por el control de la dependencia entre Ávila López y Adriana Pérez Martínez Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Región Oriente, quien ahora