Difusión de juicio incomoda a implicados en multihomicidio de Temixco

Carlos Quintero J.



La cobertura informativa del juicio, relativo al multihomicidio de Temixco, incomoda a policías implicados y servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, quienes hablan de falta de objetividad pero no del derecho para conocer la verdad sobre: ¿Quién asesinó a tres mujeres, dos jóvenes adolescentes y un bebe, el 30 de noviembre de 2017?

El primer cuestionamiento se registró en la segunda audiencia celebrada el pasado 20 de marzo:

- Mi inquietud es con respecto a lo mediático. Yo, el día de ayer vi una nota por Carlos Quintero donde hacen referencias y se fuga información de lo que es nuestra audiencia- dijo, al tribunal de enjuiciamiento, el suboficial Fernando M. B., supuesta víctima en el proceso penal contra José Antonio V. R., familiar de las víctimas, y acusado por homicidio en grado de tentativa.

El agente Fernando M. B. manifestó al tribunal, ese día, su sentir respecto a que sus derechos habrían sido violentados con la publicación de fotografías, situación que ponía en riesgo su integridad, ya que su nombre también apareció en “narcomantas” por ello pidió a los juzgadores medidas para garantizar su seguridad.

Al respecto el abogado defensor Víctor Javier Hernández Vega, en su intervención, habló de que no existe un antecedente de dichas amenazas.

- Otra cuestión muy importante es que ellos llegan (al juzgado) en un operativo, con camionetas blindadas, ellos tiene 30 o 40 policías resguardándolos. No sé cuál es el miedo pero independientemente de eso, es un derecho que él tiene- argumentó el abogado postulante.   

Por su parte Fabiola Jazmín García Betanzos, responsable de la investigación, quien acusa al periodista de falta de objetividad, dijo en esa misma audiencia al tribunal que la información publicada revela nombres y datos importantes del juicio.

- Sí esta persona está dentro de la sala de audiencias, tan poco hizo referencia a que era periodista, y bajo esa circunstancia, si pediríamos que acotará estas circunstancias, en virtud de que la víctima también tiene derechos y que no pueden estar por encima de la Libertad de Expresión, señoría.

Tras escuchar a las partes el tribunal resolvió:

- En primer término es importante considerar que le corresponde al Agente del Ministerio Público, el vigilar o establecer toda las medidas a su alcance para asegurar la integridad de las personas, particularmente aquellas que tienen carácter de testigo como lo establece el marco jurídico.

El juez presidente, Jesús Valencia Valencia instruyó a la Agente del Ministerio Público para en caso de que ella considere la existe de algún delito tiene la faculta para iniciar la denuncia o querella correspondiente aunque destacó: las audiencias son públicas y no se puede restringir el acceso a nadie.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen dos tesis respecto al trato cuando se está frente una persona que desempeña, ha desempeñado o desea desempeñar responsabilidades públicas, como es el caso de los policías relacionados con el juicio oral.

Las tesis emitidas por la Primera Sala, con fecha diciembre de 2009 sobre la “Liberta de Expresión y Derecho a la Información”, establece que los medios y los periodistas gozan de mayor libertad para afectar los derechos de la personalidad, con el objetivo que puedan cumplir con una función democrática clave: lanzar dardos críticos a las actividades de los servidores públicos.

Aunado a lo anterior, se crítica que la Fiscalía no ha cumplido con lo establecido en el artículo 20, inciso A, párrafo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice:

“El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

La Fiscalía General de Justicia, a cargo de Uriel Carmona Gándara, encubre la actuación ilegal de los agentes policiales y del excomisionado, Alberta Capella Ibarra en un hecho donde seis personas fueron asesinadas impunemente y hasta el momento no existe ningún servidor público sometida a proceso por ese crimen. 

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