Dan trato especial a proceso penal contra juez

Carlos Quintero J.

Tribunal evade el escrutinio público al que deben someterse todos los servidores y exservidores públicos.

El proceso judicial en contra del juez penal, Roberto Becerra López y el auxiliar de Secretario de Acuerdo, Jorge Alfredo Morales Delgado se desarrolla en medio de un ambiente de opacidad y ocultamiento de información.

Contrario al principio de Máxima Publicidad que caracteriza al sistema de justicia acusatorio oral, el juez de Control de Garantías, Isidoro Edie Sandoval Lome decretó privada la audiencia prevista a las 13:00 horas del miércoles 24 de abril.

En su resolución, el juzgador justificó que el caso es respecto de un “homologo” además se trata de un asunto complejo por eso decidió restringir la presencia del público asistente y ordenó el desalojo de la sala.

Pero esa no fue la única situación que generó un ambiente de opacidad en el caso. También hubo restricción en el acceso a la información de la agenda de las audiencias al omitir datos sobre la hora y el número de la sala de audiencia.

Esa información fue restringida por la Administración del Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Distrito Judicial, con sede en Atlacholoaya, del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.

Fuentes consultadas refirieron que finalmente la audiencia inicial no se llevó a cabo por la falta de datos de pruebas que la Fiscalía Antisecuestro no entregó a la defensa de los exservidores públicos.

En la audiencia, la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión pretendía imputar, a los trabajadores del Poder Judicial, los delitos de cohecho y delitos cometidos por servidores públicos y lo que resulte.

Sobre la fecha de la próxima audiencia, ninguna de las partes dio a conocer datos al respecto y la autoridad judicial maneja el hecho bajo hermetismo.