Emite CDH recomendación por tortura contra unidad modelo de antisecuestro

Carlos Quintero J.

La UECS es implicada en varios casos de robo, tortura y abuso de autoridad. Foto:archivo 

La intervención que tuvo un Juez de Control de Garantías, al conocer tratos inhumanos en contra de dos personas detenidas, derivo en una recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMORELOS) emitió por actos de tortura en contra de agentes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS).

Fue en la audiencia celebrada el jueves 18 de septiembre de 2014, que el juez de Primera Instancia Arturo Ampudia Amaro escuchó la declaración de Lorenzo Olivares Pérez y Ponciano Flores Puebla, detenidos por delitos contra la salud, quienes dijeron que los policías los golpearon, por ese motivo ordenó al agente del Ministerio Público iniciar una investigación al respecto. 

El caso también lo conoció la CDHMORELOS, misma que dio apertura al expediente número 789/2014-1, para investigar el hecho ocurrido la media noche del jueves 11 de septiembre de 2014, en una casa ubicada en la calle Leandro Valle del poblado de Cuentepec, municipio de Temixco.

Lorenzo Olivares y Ponciano Flores declararon ante las autoridades que tras ser aprehendidos por los agentes de la UESC, estos les colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, les dieron cachetadas, los golpearon en las orejas después les pudieron una tela en el rostro y les echaron agua.

      

"Me pusieron una bolsa de plástico en la cara y me preguntaban por la hierba, pero no sabía nada, también sentí que me taparon la cara con un trapo y me echaban agua en la nariz, yo sentía que me ahogaba y me desmayé cinco veces" dijo Ponciano Puebla.

La esposa de uno de los hombres, Alicia C. M. de 40 años de edad, refirió que esa noche, dormía en su casa, en compañía de Ponciano Puebla y su familia, y al despertar observó a su alrededor a ocho personas encapuchadas que sometieron a golpes a su marido.

"Ellos se refirieron a mi concubino como "Pedrito", le preguntaron dónde estaban las armas y la droga, a lo cual les dijo que no sabía de qué le hablaban, lo levantaron a la fuerza y lo tiraron al piso", narró la mujer.

Alicia C. M. reclamó pero uno de los policías le dio una cachetada y cayó en la cama, al tiempo en que el policía la amenazó al decirle que si se levantaba le iba a dar un "plomazo". Ella  respondió que lo iba a denunciar pero su agresor le respondió que si lo hacía irían por ella hasta su casa.

Otro testigo Rodolfo F. V., vecino de la familia narró que esa noche se encontraba en su casa cuando escuchó ruidos y al asomarse por su ventana observó dos patrullas de la policía, de color azul, y alrededor de diez policías.

Al cabo de 20 minutos, el hombre presenció el momento en que Ponciano fue sacado de su casa por los policías, y después fue subido con violencia a una camioneta cerrada de color blanco.

Los policías se robaron de la casa: 8 mil pesos, un reloj de oro, una laptop y dos celulares; y a Ponciano le sembraron droga para ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito contra la salud.

La puesta a disposición sólo la firmaron Margarito Cortes Isidoro, agente de la UECS; Julio César Monte Bello Brito y Juan Carlos García Castillo, Agentes de la Policía Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad Pública; Marco Antonio Rubio Guerrero y Juan Carlos Benítez Téllez, agentes de la Policía Federal Ministerial.

El 19 de septiembre de 2014, las dos personas detenidas recuperaron su libertad pero al salir del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, los mismos agentes los detuvieron nuevamente siendo acusados por el delito de secuestro, por el cual fueron sentenciado a 25 años de prisión.

Los exámenes médicos realizados a Lorenzo Olivares y Ponciano Flores confirmaron su versión aunado a las declaraciones de testigos, y al informe que rindieron los propios agentes, quienes no pudieron desvirtuar  las imputaciones realizadas por los quejosos.

En su resolución la Comisión de Derechos Humanos criticó la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) porque en todo momento dilató la investigación y lejos de esclarecer el caso, protegió a los policías de la Unidad Antisecuestros, que dirige la Fiscal Adriana Pineda Fernández.

La Comisión pidió al Fiscal General, Javier Pérez Durón dar inicio a un procedimiento administrativo en contra de los agentes: "en razón de las conductas que han precisado en el cuerpo de la presente recomendación; debiendo informar periódicamente los avances que se logren en su integración hasta su debida resolución".

La CDHMORELOS solicitó a Pérez Durón que ordene a los Agente del Ministerio Público para que continúen con la investigación. "Habida cuenta que de persistir la dilación de manera oficiosa se iniciara la queja respectiva", menciona  como segundo punto, la recomendación.

Debido a que la Fiscalía nunca designó un perito especializado en actos de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes para confirmar la grave violación a los derechos humanos, la Comisión solicitó un peritaje bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul.

"De acreditarse el delito de tortura, se formule la imputación ante el órgano jurisdiccional  competente y agotado el proceso se solicite a través del asesor jurídico o el Ministerio Público la reparación del daño de las víctimas", plasma el documento oficial.

Sin embargo a tres meses de emitida la recomendación anterior, la Fiscalía es omisa para cumplir con las solicitudes hechas por el organismo autónomo y encubre las actuaciones ilegales de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión, la cual presume como "Modelo Nacional".