Los "chivos expiatorios" de Capella

Carlos Quintero J.

El domingo 5 de marzo la noticia se difundió a través de las redes sociales. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, en su afán protagónico, dio a conocer la detención de 18 hombres en posesión de nueve “armas de fuego”.

Las personas no habían sido puestos a disposición del Ministerio Público, ni mucho menos ante un juez de control, y Capella Ibarra exhibía armamento, entre estos dos “cuernos de chivo”, y 359 cartuchos útiles de diferentes calibres, asegurados en un operativo realizado horas antes.

El jefe policial, en evidente violación al derecho de presunción de inocencia que tiene toda persona imputada por algún delito, juzgaba y condenaba, a todas las personas detenidas, de ser integrantes del crimen organizado:

-Estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para que continué con las investigaciones, y vamos a colaborar con esta instancia así como el Ministerio Público del Fuero Común para determinar si estos sujetos tienen vinculación con los últimos hechos delictivos violentos en el estado así mismo poder esclarecer y determinar a qué grupo delictivo pertenecen.

La información oficial de Alberto Capella era escueta pero el fin era tratar de contrarrestar la imagen de inseguridad y la escalada de muertes violentas registradas en Morelos durante el presente año.

Sin embargo una semana después, la mañana del sábado 11 de marzo, una segunda versión salió a relucir en la audiencia de vinculación a proceso, celebrada en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, en contra de las 18 personas imputadas por la Procuraduría General de la República por el delito de Asociación Delictuosa.

La declaración congruente de siete personas, testigos presenciales del operativo, reveló que entre las personas inculpadas se encuentra un albañil, un auxiliar de veterinario y una familia dedicada a la ganadería en un rancho, ubicado en la colonia La Cuadra, del municipio de Yautepec.

A la audiencia habían sido citados a declarar 17 policías, entre ellos el comandante a cargo, Pablo Salas Cortes pero sólo acudieron cinco, los demás agentes se reportaron incapacitados porque padecían de una supuesta infección estomacal.

El desfile de los testigos ofrecidos por la abogada defensora, Naiby Rios Sandoval era para demostrar que sus clientes no habían sido detenidos a bordo de cinco vehículos, ni tan poco en posesión de armas sino en el interior de su propio domicilio, sin orden de cateo y sin motivo alguno.

Al respecto Floriberta A. O. declaró ante la jueza que el sábado 4 de marzo, estaba en compañía de su esposo (Rodolfo), dos de sus hijos (José Rodolfo y Francisco), su empleada doméstica (María Concepción) y otros dos conocidos (Felipe y Jesús); en su rancho, en la colonia La Cuadra.

La versión de la mujer de 39 años de edad, refirió que un helicóptero sobrevoló su casa, “era blanco con una franja roja”. Después escuchó que golpeaban el portón de la casa y un grupo de más de 20 hombres encapuchados y armados entraron. A golpes sometieron a todos ellos.

- ¡Ya se los cargo la puta madre! gritaron y los obligaron a tirarse al piso.

Floriberta relató que dos mujeres encapuchadas entraron a su casa, una le apuntó con una pistola a la cabeza, la esposó y la golpeó para quitarle sus aretes y su celular; otros pistoleros hacían lo mismo con su familia: "No nos decían nada, si contestábamos, nos callaban con una cachetada".

También vio que comenzaron a consumir la comida que ella había preparado para su familia, después tomaron unas bolsas en donde metieron su despensa, cosas personales de valor, dinero y electrodomésticos.

Uno de los hombres se aceró y la agarró de sus cabellos, le pidió a gritos la llave de una camioneta pero ella no sabía en dónde se encontraba después se retiró del cuarto. Pasaron más de dos horas y media, alrededor de las 19:30 horas, los pistoleros se retiraron.

Ella y María Concepción fueron encerradas en un cuarto. Una vez que no escucharon nada salió y gritó el nombre de su esposo pero sólo respondió su hijo adolescente, Francisco quien estaba en el patio hincado, atado de manos y con la cabeza cubierta con su propia playera.

La versión de la mujer concordó con la declaración de María Concepción, de 47 años de edad, quien narró la forma en que los hombres y las mujeres patearon a Floriberta, a su patrón y sus hijos.

- ¿Tú sabes quién es el mero mero? – le preguntó uno de los agresores a la mujer.

- No –manifestó ella.

- No te hagas pendeja, sabemos quien es- increparon.

- Bueno, entonces sí saben para qué me pregunta- respondió.

Dos vecinos de la familia, Cirilo y Gabriel, declararon ante la jueza que al caminar por las inmediaciones del rancho de Rodolfo, observaron la presencia de los policías y al momento de transitar les restringieron el paso porque había un operativo.

Cirilo aseguró que alrededor de las 19:30 horas observó el momento en que los agentes salieron del rancho, y llevaba cinco camionetas, propiedad de su vecino. El convoy enfilo con rumbo al municipio de Jojutla, dijo.

Una quinta persona, Abad de profesión veterinario dijo que esa tarde acudió al rancho para revisar el ganado de Rodolfo pero salió minutos antes para ir a comprar un medicamento. Sin embargo su auxiliar no tuvo la misma suerte y fue detenido junto con el dueño.

La misma situación tuvo Moisés, un albañil quien no había cumplido una semana de trabajar en el rancho. Su esposa, Sandra testificó cómo lo golpearon y se lo llevaron sin ningún motivo.

La madrugada del domingo 12 de marzo, la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado reclasificó el delito de asociación delictuosa por portación de armas y posesión de cartuchos y cargadores, y dicto el auto de vinculación a proceso en contra de las personas inculpadas

En su resolución, la juzgadora reconoció que existen dos versiones pero debido a la etapa en que se encuentra el caso "donde se requieren  datos mínimos" para vincularlos, otorgó un plazo de investigación de dos meses en tanto las personas detenidas continúan bajo prisión sin condena.