Exfiscal depone en contra de antigua colaboradora en caso Tetelcingo



Carlos Quintero J.

Audiencia de Formulación de Imputación en contra de exservidora pública


Rodrigo Dorantes Salgado, exfiscal general de Morelos, ha depuesto en contra de su antigua colaboradora, Ana Lilia Guerrero Moreira y la señala como única responsable en el caso de la inhumación ilegal de 119 cadáveres desconocidos en una fosa común del panteón de Tetelcingo.

El actual delegado en Durango de la Procuraduría General de la República (PGR) pasó así de ser una persona sospechosa, a víctima, de acuerdo con el escrito de formulación de imputación que presento la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la audiencia inicial celebrada en la Sala Ocho del Juzgado Tercero de Distrito, a las 13:33 horas del lunes 5 de diciembre del presente, la Fiscal María Elena Luenga Páez formuló imputación en contra de Guerrero Moreira. 

Luenga Páez confirmó que los cargos en contra de la exdirectora de Servicios Periciales son por los delitos de uso de documentación falso; contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres.

Así como ejercicio indebido del servicio público y delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la sociedad, de María Concepción Hernández Hernández,  Amalia Hernández Hernández y Rodrigo Dorantes Salgado, entre otras personas.

De acuerdo con el antecedente que María Elena Luenga presento al juez, Arturo Ampudia Amaro la mujer imputada, y el entonces encargado de Servicios Periciales de Cuautla, Gerson Cervantes Gurrea serían las únicas personas responsables del hecho.

Lo anterior debido a que omitieron cumplir los protocolos establecidos para la inhumación de 119 cadáveres desconocidos, entre ellos el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, Zenaida Flores Bolaños e Israel Hernández Torres, víctimas de secuestro.

Por ese motivo, la Fiscalía solicitó al juez la prisión preventiva en contra de Guerrero Moreira al argumentar que existe el riesgo de que la persona imputada no compareciera a las audiencias posteriores.

Según la Fiscalía, y de acuerdo al peritaje de Juan Carlos Plata Guzmán, se estima que el daño ocasionado a las víctimas sería de más de 38 millones de pesos; aunado a que la persona imputada no cuenta con un arraigo domiciliario en el estado.

En respuesta, el abogado defensor Juan Manuel Cuellar Miranda manifestó al juzgador que la medida cautelar solicitada era desproporcional toda vez que así lo establece el artículo 19 de la Constitución Mexicana, y la situación domiciliaria ya había sido justificado.

Cuellar Miranda dijo a Ampudia Amaro que la ahora imputada siempre ha mostrado colaboración para someterse al proceso penal, y salvo en la última audiencia, había comparecido tres veces ante la autoridad judicial tras haber sido requerida.

Con respecto al daño ocasionado a las víctimas, Juan Cuellar refirió que sería prejuzgar un hecho por el cual su clienta aún no ha sido sentenciada. 

Tras el debate de las partes en conflicto, el juez resolvió imponer a la persona imputada las siguientes medidas cautelares: supervisión personal, una vez al mes ante la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos (UMECA), y la prohibición de salir del estado y el país.

El juzgador fijo el día sábado 10 de diciembre para el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso y conocer si existen elementos suficientes en contra de Ana Lilia Guerrero para ser sometida a un proceso penal por los probables delitos en su contra.

Cabe destacar que el juez de control apercibió a los reporteros para que no dieran a conocer el nombre de la persona imputada, sin embargo y de acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, los derechos personales de los servidores públicos y ex servidores públicas se encuentran limitados.

De acuerdo con esa jurisprudencia los medios de comunicación, en apego al derecho a la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información podemos informar de los casos en donde se encuentran implicados servidores públicos y exservidores públicos, y dar a conocer sus nombres. 




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