DENUNCIAN A FISCAL GENERAL DE MORELOS POR INHUMACION CLANDESTINA

Carlos Quintero J.

Las fosas comunes se localizan en el poblado de Tetelcingo del municipio de Cuautla, Morelos.

La familia de una persona asesinada, que habría sido inhumada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de manera ilegal, interpuso una queja ante la autoridad judicial porque el agente del Ministerio Público no ha dado prontitud a la querella, que presentó desde el pasado 13 de febrero del 2015 en contra del Fiscal General del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado y otros servidores públicos de la representación social.

En una audiencia de queja que se desahogó a las 8:30 horas del jueves, en el Juzgado del Tercer Distrito Judicial, con sede en Cuautla, una juez de Control de Garantías dio un plazo de 10 días hábiles al agente del Ministerio Público para que integre, a la carpeta de investigación, dos documentos que son relevantes para robustecer el hecho motivo de la denuncia.

Se trata de una tarjeta informativa que un policía, adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos, elaboró el día 28 de marzo de 2014, fecha en que atendió una denuncia recibida vía telefónica que advirtió sobre el caso de un grupo de personas que realizaba el entierro de más de un centenar de cadáveres en un panteón privado del poblado de Tetelcingo del municipio de Cuautla.

Así como un oficio redactado por el personal de la coordinación de servicios periciales que revela el nombre del servidor público que habría ordenado el sepelio de los cuerpos no identificados que se encontraban en las cámaras frigoríficas del Servicio Médico Forense (Semefo) de las unidades de la zona metropolitana y oriente del estado. 

La juzgadora apercibió al agente del Ministerio Público para que en caso de no dar cumplimiento a dicha orden judicial será sancionado con una multa de 100 días de salario mínimo además deberá dar pronta respuesta a la denuncia en donde son señalados como responsables: el Fiscal Regional Oriente, José Manuel Serrano Salmerón y la directora General de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira.

La jueza otorgó el beneficio de la duda a la autoridad ministerial porque no quiso "imaginar" que la falta de una justicia pronta se deba a una orden girada por el Fiscal General Rodrigo Dorantes, también denunciado por probables delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, incumplimientos de funciones públicas y ejercicio indebido del servicio público.

El pasado 5 de enero, se informó sobre el entierro de más de 120 cadáveres desconocidos que no cumplían con el protocolo básico para ser llevados a la fosa común, además de que no contaban con las actas correspondientes de defunción del registro civil, los permisos de los servicios de salud y la liberación por parte de los agentes del Ministerio Público, responsables de cada caso.

Al ser entrevistado por los reporteros sobre este tema, Dorantes Salgado aseguró en ese entonces que la información era una mentira, y sólo refirió que se habían inhumado 30 o 35 cadáveres; "tenemos todos los permisos y todos los oficios de la autoridad municipal y de salud", al tiempo en que retó: "sí hay un testigo de inhumaciones ilegales, que presente la denuncia penal correspondiente". 

El 13 de febrero del presente, María Concepción inicio la denuncia y afirmó que su hijo Oliver "N", víctima de secuestro y asesinado en mayo de 2013, era uno de los 150 cadáveres que dijo habrían sido enterrados de manera ilegal por la propia autoridad ministerial.

Semanas antes Oliver "N" había sido identificado plenamente por su familia pero a petición de la entonces subprocuradora de la zona oriente, Liliana Guevara Monrroy fue dejado para ser parte de una investigación "más amplia" que permitiría detener a las personas responsables del crimen en contra del comerciante pero hasta la fecha no hay avances en el caso.