Incumple FGE de Morelos tratados internacionales en casos de tortura

Carlos Quintero J.

Al menos 50 denuncias iniciadas en los últimos cinco años por tortura, en contra de corporaciones policiales, "duermen el sueño de los justos" en la Fiscalía General del Estado (FGE) por la falta de un especialista que aplique el Protocolo de Estambul, en casos de personas víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El Protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato.

Fuentes de la propia representación social revelaron que desde el año 2013, la Fiscalía adolece de un perito que empleé el Protocolo de Estambul, recomendado por la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por eso no avanzan las investigaciones, ya que deben de existir los dictámenes para corroborar los delitos de tortura.

"En algunos casos nos apoyaban los peritos de las procuradurías de otros estados vecinos, incluso de la Comisión Nacional del Derechos Humanos (CNDH), pero debido a la sobrecarga de trabajo que tienen, la integración de las denuncias por tortura no avanzan" dijo una fuente cercana a la investigación de algunos asuntos.

Otra fuente oficial consultada reconoció que existen al menos 50 querellas  por tortura que se han presentado en el último lustro ante la Fiscalía Especializada de Servidores Públicos, y en contra de la Policía del Mando Único y la Policía de Investigación Criminal.

En la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en abril del presente año, en contra de policías adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) se criticó la falta de un especialista que conociera del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.      

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo tercero los siguiente:

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

La Fiscalía que encabeza Javier Pérez Durón viola la normatividad así como los tratados internacionales, entre estos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, debido a que no procura justicia para esclarecer cada una de las denuncias presentadas en contra de las corporaciones policiales.

"Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción" establece la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984.