"Me dijeron: llego la limpia", habla imputado

Carlos Quintero J.

El mediodía del miércoles 2 de enero de 2019, Crispín G. C., vecino de la calle 18 de Marzo de la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, salió rumbo al poblado de Alpuyeca en Xochitepec.

"Iba a tener un negocio con una mujer que me cito para ver unos terrenos", declararía una semana después, el jueves 10, ante una juez de control tras ser detenido por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos.

Pero lo que ocurrió fue una historia de contradicciones sobre su detención. La policía habla de una aprehensión en flagrancia mientras él sostiene una persecución en su contra: "me han dicho que van a acabar conmigo y mi familia".

Lo cierto es que el caso revela la verdadera estrategia de seguridad del nuevo gobierno del estado para prevenir y combatir la inseguridad contrario al debido proceso y el respeto de los Derechos Humanos. 

Fue en la audiencia de formulación de imputación, desahogada el viernes 4 de enero, que la Fiscalía General de Justicia presento cargos contra Crispín y su chofer, Ociel L. A. por delitos contra la salud.

El informe de los agentes, Oscar Lumbreña Vejar y Efraín Silva González, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales, asegura que las dos personas habrían sido detenidas el 2 de enero, a las 18:40 horas.

Según los agentes policiales, en un patrullaje sobre la carretera Tejalpa-Jojutla, a la altura del Aeródromo del poblado de Atlacholoaya, sorprendieron supuestamente a ambas personas "suministrando droga". 

Crispín llevaba consigo 263 gramos de marihuana, en una bolsa que contenía 15 envoltorios. Mientras Ociel L. A., su chófer, guardaba en la bolsa de su pantalón 64.38 gramos de la misma droga.

La declaración que rindió Crispín y Ociel ante la juez de Control,  Gabriela Acosta Ortega contrasto con la versión de los agentes Lumbreña Vejar y Silva González.

Los abogados defensores de las personas imputadas presentaron ante la juzgadora: las declaraciones de los propios inculpados y vídeos para corroborar sus dichos, sobre la manera en que fueron aprehendidos aquel día.

Las cámaras de seguridad de la casa de Crispín, muestran el momento en que Osiel llego conduciendo un auto Jetta, color arena, vidrios polarizados, y  placas de circulación de Morelos.

El chófer abre y entra al domicilio, al cabo de unos instantes sale en compañía de un hombre moreno, cabello lacio, quien vestía una playera tipo polo, color blanco y pantalón negro: Crispín. Los dos hombres suben al automóvil.

De acuerdo a sus declaraciones, Crispín y Osiel acudieron al restaurante "La Frontera", ubicado a un costado de la carretera federal Alpuyeca-Jojutla donde esperaba una mujer, fuentes confiables sostienen que era una agente policial. 

"Estabamos comiendo, cuando al cabo de una hora llegan dos camionetas, una azul marino y otra blanca, sin placas" refirió Osiel. De ahí bajo un grupo de personas armadas, algunos con pasamontañas.

"No me dijeron que eran gobierno, me dijeron: llego la limpia. Me levantaron y me subieron al Jetta, me taparon la cara" dijo Crispín y agregó, "me llevaron y me dijeron que iban a acabar conmigo y mi familia".

Mientras Osiel fue esposado, vendado y subido a la camioneta blanca, doble cabina. "Nos llevaron a Torre Morelos" diría él a la juez.

El vídeo obtenido de una cámara de seguridad de una tortillería, cercana al lugar, muestra la hora 16:15, cuando las dos camionetas y el auto VW, con vidrios polarizados, se retiran del lugar.

La juez, Gabriela Acosta en la audiencia de vinculación a proceso, del jueves 10 de enero, valoró y contrastó las pruebas presentadas, en el caso, por la Fiscalía y la defensa de las personas imputadas.

Acosta Ortega, cuestionó la versión de los agentes, las inconsistencias de la Fiscalía y algunos aspectos que la defensa no precisó pero las pruebas presentadas fueron suficientes para pronunciarse al respecto.

"Los hechos no tiene lógica, hay una relación de confianza entre ambos imputados, de acuerdo con el vídeo presentado por la defensa, por lo que pierde credibilidad el informe policíaco" declaró Gabriela Acosta en su resolución.

La juzgadora se refirió a por qué si Ociel tiene la confianza de Crispín para entrar a su casa, tendría que negociar, en el supuesto caso que así fuera, el suministro de droga en un lugar público.

Aunado a lo anterior, existen incongruencias en la formulación de imputación de la Fiscalía, por ese y otros aspectos confusos, la juez resolvió no vincular a procesa penal a las personas detenidas.

"No hay pruebas suficientes para sostener su imputación" dijo la juez a las dos personas imputadas y ordenó su libertad.