Fosas de Tetelcingo tema cerrado: Uriel Carmona

Carlos Quintero J.

Para el Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el caso de las fosas de Tetelcingo es un tema cerrado no obstante aún no sea formula imputación en contra exservidores públicos implicados en la falsificación de documentos que autorizaron la inhumación ilegal de 119 cuerpos desconocidos. 

Lo anterior luego de que la mañana del jueves 8 de noviembre sostuvo una reunión con más de una veintena de agentes del Ministerio Público y tres auxiliares, inconformes, que denunciaron actos de maltrato y denostaciones por parte de la encargada de despacho, Adriana Pérez Martínez y su sequito de colaboradores entre ellos, Miguel Ángel Sedano Castañeda.

- Son temas que están prácticamente cerrados. Hemos ido de la mano en estos temas con el señor gobernador, Cuauhtémoc Blanco y creo que le vamos a dar, ya, una terminación pronto- dijo Carmona Gándara al ser entrevistado por reporteros de la zona oriente de Morelos.

Es importante recordar que el lunes 20 de agosto del presente año, el Agente del Ministerio Público, Pablo Rivera Casales en audiencia de formulación de imputación se desistió de ejercer la acción penal en contra de la exdirectora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira por el delito de uso de documentos falsos.

Rivera Casales dijo al juez, Arturo Ampudía Amaro que se desistía de ejercer la acción penal, en contra de la exservidora pública, con el argumento de una supuesta lealtad entre las partes y para no vulnerar el derecho de la persona imputada a una adecuada defensa.

Hasta la fecha la Fiscalía no ha solicitado audiencia para continuar con el proceso judicial para conocer la verdad jurídica de los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2014, fecha en que fueron enterrados ilegalmente 119 cadáveres desconocidos en el poblado de Tetelcingo.

Aunado a ello, y de acuerdo con Colectivos de Personas Desaparecidas, la Fiscalía General de Justicia, dirigida por Uriel Carmona, no ha cumplido cabalmente con la recomendación 48/2016 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 30 de septiembre de 2016.