Los dos entierros de Oliver

Por María Yáñez, Ángel García y Carlos Quintero

No hubo ni una lágrima, ni una oración, ni una caja fúnebre que lo cubriera sólo lo amarraron como un "dulce": lo envolvieron con plástico transparente y unas bolsas de color negro; una tabla de madera, que acomodaron en su espalda, sirvió como base para recostar su cadáver.

Junto a su cuerpo colocaron una botella desechable, y en su interior metieron una hoja con el número de la carpeta de investigación: "CT-UIDD-A/1791/2013", ese era su epitafio. Además depositaron el dictamen de su examen de ADN y el resultado de la necropsia con su nombre: Oliver Wenceslao Navarrete Hernández. 

En una fosa común de cinco metros de profundidad, cuatro de ancho por cuatro de largo, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo inhumó con al menos otros 53 cadáveres que clasificó como personas desconocidas y asesinadas en los años 2011, 2012 y 2013, revela un informe de criminalística, cuya copia obra en poder de este medio.

Él era la única persona identificada sin embargo esa mañana del 28 de marzo de 2014 nadie dijo nada. Él era un hombre que sí tenía nombre, y que personal de la Fiscalía enterró ilegalmente en un panteón, ubicado en la calle Prolongación 5 de Mayo del poblado de Tetetelcingo de Cuautla.

Junto a esa tumba, situada en la esquina sur del cementerio, también escarbaron un segundo fosa y sepultaron a más de 70 personas, entre ellos 10 cadáveres que ni siquiera contaban con una carpeta de investigación, eran personas muertas que no se sabe que hacían ahí.

De manera oficial, la Fiscalía informó, a través de una serie de solicitudes de acceso a la información que en los años antes referidos se habrían sepultado un total de 126 cadáveres desconocidos: 19 en el 2011, 53 en el 2012 y 54 en el 2013.

El caso de Oliver Wenceslao Navarrete revela la forma en que la Fiscalía enterró a más 126 cadáveres, sin cumplir con los requisitos legales establecidos por la Secretaría de Salud, el Registro Civil y el propio protocolo de actuación después trató de hacer como si nada hubiese pasado.

La historia inicio así:

Eran alrededor de las 20:15 horas del viernes 24 de mayo de 2013, Oliver estaba afuera de la casa de sus hijos, en la calle Puerta Cerrada de Morelos, número 22 de la colonia Gabriel Tepepa de Cuautla.

Así lo reseña la denuncia CT-UIDD-A/586/2015 que la familia de la victima presentó por delitos contra el respeto a los muertos y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, incumplimiento de funciones públicas, y ejercicio indebido del servicio público.

Él esperaba para recoger a sus hijos que se encontraban con su ex-esposa, Daniela Rivera cuando cuatro hombres descendieron de un auto Pointer, Volkswagen, color gris.

Oliver opuso resistencia pero finalmente fue sometido a golpes que le propinó, uno de los sujetos con un bate de beisbol, frente a la mirada de su hijo pequeño y de Daniela, después huyeron llevándose al hombre de 31 años de edad.

La familia de Oliver denunció el hecho ante la agente del Ministerio Público, María del Carmen Hernández, adscrita a la Fiscalía Regional Oriente que dio inicio a la denuncia CT/UIAE/2013 por desaparición de persona.

Una vez que concluyó su declaración le dieron una orden de investigación para que a su vez la entregada a la Policía de Investigación Criminal pero ningún elemento se encontraba de guardia por eso se presentó a la mañana del día siguiente.

El agente, José Manuel Carrera los atendió pero se justificó al decir que debían de esperar 72 horas para actuar por eso fue omisa al no comenzar la búsqueda de la persona que habría sido privado de su libertad por un grupo de hombres.

En su escrito de denuncia la familia de la víctima sostiene que la policía, en ese entonces llamada ministerial, habría cometido un acto de negligencia según el decreto que se publico en el Diario Oficial "Tierra y Libertad", con fecha 19 de mayo de 2010.

"Así cuando a través de una denuncia el Agente del Ministerio Público tiene conocimiento de la desaparición de una persona en el ámbito de su competencia, se genera la necesidad apremiante de iniciar los trabajos de investigación, para lo cual y dada la urgencia de los casos, es necesario actuar de manera inmediata en la investigación que motive los hechos" establece la publicación.

Y continúa:

"debido a que las desapariciones suelen convertirse en delitos, por lo que una persona desaparecida, pasa en este estado de simple y llana desaparición, a ser víctima del delito, lo cual es inaceptable en términos de procuración de justicia seguridad pública".

Ante la indiferencia de la autoridad responsable, la familia de Oliver inició una búsqueda pero nunca lo encontró.

Diez días después, la mañana del 3 de junio, en la carretera federal Cuautla-Izúcar de Matamoros en una barranca conocida como Los Papayos del municipio de Ayala, la policía encontró de manera fortuita el cadáver de Oliver.

El personal de servicios periciales y agentes de investigación criminal llevó a cabo la diligencia del levantamiento del cuerpo que estaba en avanzado estado de descomposición y por eso la familia solicitó un examen de ADN y confirmó que se trataba de Oliver.

La madre de la víctima, María reclamó su cuerpo y se entrevistó con la entonces Subprocuradora de la Región Oriente, Liliana Guevara Monrroy.

- Señora, es necesario realizar más periciales en el cadáver de su hijo- habría pedido en ese entonces Guevara Monrroy a María.

- Pero ¿por qué?- respondió ella.

- En estos momentos es importante realizar más pruebas porque ya tenemos identificados a los responsables y tenemos que evitar que salgan libres, una vez que sean detenido.

La familia decidió colaborar con la autoridad ministerial para que su crimen no quedara impune por eso decidieron dejar un tiempo más el cuerpo de Oliver en la cámara frigorífica del Semefo de Cuautla.

Pero en diciembre de 2014, María se enteró a través de su hermano, quien acudió de visita de estudiante de derecho a las instalaciones del anfiteatro, que el cadáver de su hijo había sido enterrado en una fosa común.

La madre de Oliver acudió y se entrevistó con el otrora Fiscal General Rodrigo Dorantes Salgado cuando designó y tomo la protesta al nuevo titular de la Fiscalía Regional, José Manuel Serrano Salmerón.

En ese entonces la mujer pidió al Fiscal General que exhumaran el cadáver de su hijo y se lo entregaran para que ellos le dieran una sepultura digna, ya que nunca se les notificó de que sería llevado a una fosa común.

Fuentes de la Fiscalía entrevistadas sostiene que la directora general de Servicios periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira dio la orden para enterrar el cuerpo de Oliver y de los más de cien cadáveres desconocidos que se encontraban en las cámaras frigoríficas de Cuernavaca y Cuautla.

Pero no cumplió con los requisitos legales para llevar a cabo la inhumación.

En una entrevista con los titulares de los registros civiles número 01 y 02 de Cuautla, Sixto Vergara Solís y Gustavo Núñez Carbajal, respectivamente, confirmaron que en los últimos años no sea otorgado ningún acta de defunción para autorizar la inhumación de cadáveres desconocidos a la Fiscalía.

Por su parte, la dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos informó, a través de una solicitud, que "no cuenta con registro de solicitud alguna sobre la expedición de acta de defunción de cadáveres de personas desconocidas a petición de la Fiscalía General del Estado de Morelos".

La Ley General de Salud establece que tanto la Secretaría de Salud como los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información relativa a las estadísticas de natalidad y mortalidad.

Un oficio con fecha 27 de enero de 2015, firmado por el director de salud municipal de Cuautla, Gonzalo Sánchez Hernández se solicitan datos sobre la inhumación, y expone: "al respecto le informó que en mi archivo no se cuenta con el documento requerido ya que en su momento no se notificó de las actividades a realizar".  

Elementos de la Policía del Mando Único de Cuautla, que ese 28 de marzo de 2014, acudieron a investigar, ya que reportaron que "un grupo de personas se encontraba enterrando a varias personas" en el panteón de Tetelcingo, también tuvo conocimiento pero oculta la información.

Lo anterior con el argumento de "preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de sus función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables."

En tanto que el encargado de la Fiscalía General del Estado, Javier Pérez Durón, quien fue nombrado tras la renuncia de Rodrigo Dorantes, muestra opacidad sobre la inhumación ilegal. El lunes 24 de agosto se solicitó una entrevista a través del área de comunicación social para acceder a la información y conocer la verdad sobre el caso pero no hay respuesta.

El 9 de diciembre del 2014 el cuerpo de Oliver fue exhumado, y entregado a su familia que lo enterró en el panteón municipal de Cuautla, después iniciaron una denuncia en contra de los mandos de la representación social que hasta la fecha no ha prosperado.