Exhiben violaciones de derechos humanos en caso de joven detenida

Carlos Quintero J.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos formuló imputación en contra de María del Carmen A. R., una joven estudiante, detenida el lunes 9 de abril del presente por su probable responsabilidad en el delito de falsificación de documento.

No obstante, en la audiencia pública del jueves 12 de abril se dio a conocer una serie de actos en que incurrió la Fiscalía, sobre violación al derecho del debido proceso y violaciones a los derechos humanos de la mujer imputada.

La versión de dos personas, testigos del caso, que rindieron declaración ante la Juez de Control del Primer Distrito, Teresa Soto Martínez, contrasta con la investigación de la Fiscal, Martha Gloria Rojas Gil.

El antecedente de la puesta a disposición que firman los agentes de la Policía de Investigación Criminal Daniel Montenegro Perdomo, Raúl Guadalupe Magaña Martínez y Juan Carlos Castro Herrera, sostiene lo siguiente:

El día 9 de abril, a las 13:50 horas, los tres agentes se encontraban casualmente en el corralón de Grúas Ángeles, ubicado en la colonia  Modesto Rangel del municipio de Emiliano Zapata.

Fue entonces que la encargada de dicho corralón, Vanessa Lemus García atendió a dos mujeres que llegaron para liberar una camioneta Xtrail, Nissan.

Lemus García solicitó la intervención de los agentes de la Policía. Uno de ellos, Raúl Guadalupe Magaña llamó por teléfono al Fiscal, Andrés Vargas Damián para preguntar sí había firmado el documento de la liberación de la camioneta.

Vargas Damián negó tal firma y por ese motivo, los agentes llevaron a cabo la detención de María del Carmen, por el delito de falsificación de documento y uso del mismo; y de su acompañante Jovita B. H. por resistencia de particulares.  

La otra versión, la de Jovita B. H. y su esposo Antonio Uriostegui Apaiz establece que alrededor de las 09:00 de la mañana del lunes 9 de abril, salieron de Jiutepec con María del Carmen para acompañarla a liberar una camioneta.

Ellos llegaron primeramente al corralón de autos “Grúas Aguilar”, localizado en el poblado de Tepetzingo de Emiliano Zapata.

En su declaración Jovita B. dijo a la Juez que hablaron con la persona encargada del negocio, quien les informó que la camioneta había sido trasladada al corralón de Grúas Ángeles.

Fue alrededor de las 11:40 de la mañana que llegaron a Grúas Ángeles, y se entrevistaron con una mujer, más tarde se conoció que era Vanessa Lemus García. Ella confirmó que ahí se encontraba la camioneta, y para su liberación tenían que pagar 15 mil pesos.

Según la versión de la mujer de 40 años, Vanessa Lemus les hizo entrega de unos documentos para recuperar el vehículo. Ellos se retiraron para ir por el dinero a la casa de María del Carmen.

Poco después de las 13:00 horas llegaron otra vez al corralón. En esta ocasión la encargada dijo a las mujeres que tenían que esperar a una persona. A los pocos minutos arribó un hombre, conducía una camioneta, y se identificó como Policía de Investigación Criminal.

Se trataba de Daniel Montenegro quien les dijo que tenían que acompañarlo y se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General: Antonio Uriostegui, esposo de Jovita, siguió la camioneta del policía.

Una vez en que llegaron al edificio de la Fiscalía, alrededor de las 14:00 horas, las dos mujeres fueron detenidas e incomunicadas.

En la audiencia, uno de los abogados defensores, Ricardo Sánchez Bautista dijo a la juzgadora que él acudió a la Fiscalía alrededor de las 19:00 horas de ese mismo lunes para asumir la defensa de María del Carmen y Jovita.

Sánchez Bautista se presentó ante la agente de turno del Ministerio Público pero en lugar de tomarle protesta, le impuso a las dos personas detenidas, un abogado de oficio a pesar de que ellas se negaron a aceptar tal designación.

El litigante denunció que fue un día después que reconocieron su nombramiento pero por órdenes de mandos superiores no se le permitió tener acceso a la carpeta de investigación y mucho menos allegarse de una copia del expediente.

Ante esta situación inició una denuncia en contra varios servidores públicos y una queja ante la visitaduría de la Fiscalía.

La juez, Teresa Soto atendió a las partes del conflicto y la declaración de los testigos, y con base en ello ratificó la detención de legal, sin dar respuesta a las violaciones de derechos humanos que denunciaron los abogados defensores.

Tras formular imputación, la Fiscal Martha Gloría Rojas pidió a la juzgadora la prisión preventiva en contra de la joven estudiante, en un caso que no amerita dicha medida cautelar pues no es un delito grave.

Según la explicación de Rojas Gil, existía el riesgo de que la mujer imputada no comparecería a las audiencias del proceso porque el domicilio no era cierto según el reporte que presentó el agente, José Santiago Cano.

La juez valoró esta situación, y ordenó que de manera provisional, María del Carmen deberá firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA).

Teresa Soto estableció el próximo martes 17 de abril para continuar con la audiencia de vinculación a proceso en donde se solicitó la presencia de los servidores públicos implicados en el caso para que declaren al respecto.