Tribunal federal exhibe farsa del Comisionado de la Policía Morelos.

Carlos Quintero J.

Jesús Alberto Capella Ibarra, Jefe de la Policía de Morelos / Foto Josué Guzmán

El fallo de absolución que emitió, el pasado viernes 23 de marzo, un Tribunal Unitario del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) de Morelos, confirmó la mendacidad con que se conduce, en su estrategia de combate contra el crimen organizado, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra.

Se trata del caso de las 18 personas detenidas el año pasado, en un supuesto operativo, algunos de ellos "provenientes de los estados de Guerrero, Veracruz y otras de Morelos, en posesión de 9 armas de fuego; 8 largas y una corta" así lo informó en su momento, y a través de las redes sociales, Capella Ibarra.

El comisionado presumió su logró ante la opinión pública pues se trató, según dijo, de un grupo de personas responsables de la ola de violencia que en ese momento asolaba la entidad. Sin embargo esa alegría cambió semanas después, el 31 de mayo, cuando la juez, Karla Martínez Ocampo resolvió cambiar la medida cautelar de las personas imputadas.

El jefe de la Policía se "indignó" porque las personas siguieran su proceso en libertad y bajo una medida diversa a la prisión preventiva.

-  Aprovechando esta lamentable circunstancia que nos indigna; es concientizar a nuestros legisladores federal y se busque una solución inmediata a las deficiencias jurídicas que lamentablemente prevalecen en el nuevo sistema de justicia penal- declaró el jefe de la policía.        

Sin embargo, la tarde del pasado viernes, la juez Ana Luisa Beltrán González juzgó el trabajo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos, y lo calificó como un hecho absurdo, ilógico e inverosímil.

La acusación del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, Leonardo Pérez Escota se basó en el supuesto hecho que ocurrió el 4 de marzo de 2017, a las 21:19 horas.

Ese día la central de C5 recibió una "denuncia anónima" que alertó sobre un convoy de personas armadas sobre la carretera Yautepec-Tlaltizapan, a la altura del crucero de Ticumán.

Los agentes de la Policía ubicaron al grupo de personas armadas, y ordenaron detenerse a los conductores de las cinco camionetas. Pero se negaron y dio inicio a una persecución que concluyó en un camino de terracería, a la altura del arco de bienvenida del municipio de Tlaltizapan. 

Sin embargo, los abogados de las personas acusadas: Alfonso Gozález Mendizábal, Efraín Marquéz Durán, Ricardo Sánchez Bautista, Naybí Ríos Sandoval y Miguel Ángel Reyna González exhibieron la serie de ilegalidades cometidas durante el proceso por parte de la CES Morelos.

Los abogados presentaron a testigos presenciales del hecho, quienes declararon y mostraron con pruebas, que la detención de sus amigos y familiares ocurrió en el rancho "El Aguaje" de la colonia Los Cuartos del municipio de Yautepec.

De acuerdo a los testigos, los policías de la CES entraron al inmueble sin orden de cateo, nunca se identificaron, sometieron a golpes a todas las personas, incluyendo a niños y mujeres; y tras apropiarse de objetos de valor y hasta la despensa de la alacena, detuvieron a 18 personas y se llevaron cinco camionetas que había en el lugar.

Fue así, que ante las pruebas presentadas por la defensa y la falta de coherencia en la declaración de los policías, la juzgadora confirmó la inocencia de 14 de los 18 acusados, ya que cuatro no acudieron al juicio oral y ahora se encuentran prófugos de la acción de la justicia.    

El caso anterior, es uno de tantos, que sean documentado sobre la actuación ilegal en que opera la corporación policial a cargo de Alberto Capella Ibarra, y que deriva de técnicas de investigación policial del siglo pasado y son propias del crimen organizado.