Aplazan juicio contra once personas acusadas por secuestro de exdiputado
Carlos Quintero J.
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| El 17 diciembre de 2014, el entonces diputado David Martínez fue secuestrado. |
El juicio en contra de once personas, acusadas por el secuestro
del exdiputado local David Martínez Martínez, que daba inicio este jueves 8 de septiembre se aplazó 18 días porque la Fiscal asignada al caso aseguró que habría sido notificada
sólo unas horas antes y "no se encontraba en condiciones" de llevar el proceso.
La audiencia de juicio oral, programada a las 13:00 horas,
comenzó con una hora y 15 minutos de retraso sin que el juez presidente,
Francisco Campos Neri diera una disculpa del retraso al público que acudió a la Sala Dos del
Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, con sede en
Cuernavaca.
Una vez que las partes se presentaron, la agente del Ministerio
Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) solicitó un
plazo de dos semanas al tribunal de enjuiciamiento ya que horas antes habría
sido designada como responsable del caso.
El tribunal preguntó a los tres abogados y ninguno se opuso a la petición pero al menos dos de las personas procesadas opinaron diferente: “El
tiempo ha sido suficiente ya llevamos mucho tiempo” dijo Ángel Jesús D. P.,
mientras tanto Liliana V. T. respondió “Me gustaría que diera inicio el juicio.
Los jueces deliberaron por algunos segundos, al cabo del tiempo, Campos Neri se dirigió a ellos y les dijo que no era su deseo dilatar el proceso pero
atendiendo al derecho de las partes decidieron reiniciar la audiencia
el próximo lunes 26 de septiembre.
Cabe destacar que durante la audiencia el tribunal se manifestó
para guardar la identidad de la víctima no obstante de que se trata de una
persona que se desempeñó en un cargo público como diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sobre la legalidad de hacer publico el nombre del diputado existen dos tesis de la Suprema Corte de
Justicia que refieren:
“Libertad de expresión y derecho a la información. La responsabilidad
por invasiones al honor de funcionarios públicos u otras personas con
responsabilidades públicas sólo puede darse bajo ciertas condiciones, más
estrictas que las que se aplican en el caso de expresiones o informaciones
referidas a ciudadanos particulares”.
Por tal motivo existen antecedentes legales para dar a conocer la identidad del diputado aunado a la transparencia que debe existir en una sociedad democrática para que la opinión pública conozca el proceso penal en donde se haya implicado un servidor público, actual Subsecretario de Movilidad y Transporte del Estado.
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