La "indignación" del Comisionado Capella
Carlos Quintero J.
Con la oscuridad de la
madrugada cayendo sobre el edificio del Poder Judicial de la Federación, Venustiano
G. N. baja el rostro hacía el piso del estrado. Se muerde los labios. Cabizbajo
piensa, entrelaza los dedos de las manos y las truena como nueces: está
nervioso.
El policía de cara redonda,
cejas escasas, nariz grande, labios caídos y tez oscura; tuerce la boca y
aprieta la mandíbula. Parpadea mientras su mirada perdida busca encontrar una
respuesta a la pregunta del abogado.
Con titubeo responde:
- Ahorita no los reconozco… en
ese momento todos andaban, todos sucios. No los reconozco- dice mientras mira a
cada una de las siete personas sentadas frente a él.
- Señor por favor, responda
las preguntas que a usted le constan y que le está preguntando el abogado- le apercibe
la jueza del Centro de Justicia Penal Federal, Karla M. O.
- ¿En qué parte del auto iban
las armas?- interroga el defensor.
- No me constan a mí. Pablo S.
C. se encargó de las armas- dice tajante y guarda silencio.
El testigo, viste una playera
tipo polo, color beige, un pequeño escudo del lado izquierdo del pecho, habla
pausado; no recuerda nada: sólo nombres de dos personas detenidas, y de sus dos
compañeros policías.
Dos pantallas grandes cuelgan
del techo, en las esquinas de los extremos contrarios, proyectan imágenes de
las videocámaras instaladas en la sala iluminada, de aproximadamente 70 metros
cuadrados.
A cuadro aparecen: la jueza,
tres agentes del Ministerios Públicos Federal, siete abogados particulares, el
policía testigo, trece personas del público, media docena de policías federales,
siete personas detenidas y la encargada de sala.
El reloj digital del recuadro
de las pantallas marca la una de la mañana. La audiencia lleva 12 horas de
iniciada. Empezó a las 09:30 A.M. del jueves, ya es viernes 26 de mayo de 2017.
La declaración de Venustiano
G. N., adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos, es la primera
de cinco policías citados para sostener la versión oficial de lo ocurrido la
noche del sábado 4 de marzo.
Dieciocho elementos fueron
citados pero sólo cinco acudieron. El área jurídica de la CES argumentó que la
inasistencia de los policías fue porque unos estaban de vacaciones, otros
francos y uno más en otra diligencia.
En la última audiencia, la del
sábado 11 de marzo, la CES aplicó la misma estrategia pero un distinto argumento.
En esa ocasión dijo a la jueza que los mismos oficiales no acudieron porque:
“tenían diarrea”.
Esa situación y otras paradojas
incoaron a los defensores de las personas imputadas a promover un juicio de amparo
en contra de la vinculación a proceso.
Un juez de distrito concedió
la protección de los derechos por los abusos cometidos y ordenó la reposición
de la audiencia de vinculación.
Ahora en la repetición del
proceso, los abogados exigen otra vez a la jueza: llamar a los uniformados
mediante la fuerza pública para confrontar su dicho con los de sus clientes.
- Solicitamos en auxilio
judicial, su señoría, para que los policías sean citados a declarar mediante la
fuerza pública- dijo la abogada Naybi R. S.
- Necesitamos la presencia de
cada uno de los elementos y pedimos que vuelva a girar los oficios. Posponga la
audiencia- insistió la postulante.
- Ya no les puedo otorgar la
duplicidad del término porque es una audiencia de reposición- respondió la
jueza federal.
- Pido el apoyo de la Policía
Federal para que los traigan porque no confiamos en la estatal- exigió el
abogado, Ricardo S. B.
Karla M. O. ordenó nuevamente
notificar a los policías para que comparezcan. Mientras tanto la audiencia
continuara con la esperanza de que alguno de ellos llegará.
En las próximas 16 horas declararían
25 personas, entre ellos las personas detenidas, pero nunca comparecieron los
trece agentes que faltaban.
Hablan
los detenidos
Los 25 civiles coinciden: el
hecho ocurrió el 4 de marzo, alrededor de las 16:30, en El Rancho “El Aguaje”,
ubicado en la colonia Los Cuartos del municipio de Yautepec.
Un helicóptero con “franja
roja” sobrevoló el predio. En cuestión de minutos personas armadas, todos
vestidos de negro y con pasamontañas, arribaron a bordo de dos camionetas tipo
van, de color blanco, y dos pick up.
Los pistoleros allanaron El
Rancho, sometieron a golpes a hombres y mujeres; se apropiaron de dinero,
joyas, objetos de valor, varias sillas para montar a caballo. Arrasaron “hasta con
la despensa” y la comida.
Los encapuchados, entre ellos
algunas mujeres, detuvieron a 18 personas y se “llevaron” seis vehículos.
La
otra versión
La versión de los Agentes del
Ministerio Público Federal es que la detención de las 18 personas imputadas
ocurrió la noche del sábado 4 de marzo de 2017.
Alrededor de las 21:20 horas
de ese día, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y
Computo (C5) recibió una “denuncia anónima”.
La llamada telefónica informó
sobre un convoy de camionetas con personas armadas sobre la carretera local
Yautepec-Tlaltizapan, a la altura del Crucero de Ticumán.
Venustiano G. N. dijo que varias
patrullas realizaban un operativo en la zona, entre estas: la unidad 00598 y 00125.
Al escuchar el reporte se dispusieron a buscar a los “sospechosos”.
- Fue a las 21:45 que se tuvo
contacto, en -la colonia- Los Cuartos con el convoy- dijo el policía.
- Oficial: ¿Cuál fue el punto
de reunión de las patrullas?- Cuestiono uno de los siete abogados defensores.
- No recuerdo en nombre de la
colonia- respondió con voz pausada.
Venustiano recordó que los
vehículos sospechosos salieron de un camino de terracería y se incorporaron a
la carretera por donde ellos circulaban, con dirección a municipio de
Tlaltizapán.
Los policías aseguran que de
las ventanas de las camionetas sobresalían diversos cañones de armas largas.
Así iniciaron la persecución de
los sospechosos que concluyo cuando ellos entraron a un camino de terracería,
pasando el arco de bienvenida de Tlaltizapan.
“Policía Morelos, salgan con
las manos en alto” advirtieron los uniformados a los tripulantes de las cinco
camionetas, y quienes no opusieron resistencia alguna.
Al realizar una revisión a los
seis vehículos, los policías hallaron nueve armas de fuego y 359 cartuchos
útiles de diversos calibres.
La
indignación
La jueza, Karla M. O. escuchó
atenta cada una de las declaraciones de los veinticinco testigos, entre ellos
los detenidos, y de los cinco policías.
Bebido a que las pruebas “no
fueron suficientes para aniquilar más allá de toda duda razonable la
imputación” que realizó la Fiscalía, la juzgadora dictó nuevamente el auto de
vinculación a proceso en contra de las siete personas.
Pero en esta ocasión por un
delito menos grave, y por ese motivo concedió a la defensa de las personas
detenidas, el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por otra
diferente para que continuaran su proceso en libertad.
Lo anterior debido a que la
juzgadora advirtió que en las declaraciones de los cinco policías había
“inconsistencias que pudieran llevar a dictar una sentencia absolutoria” de las
personas imputadas.
El hecho provocó la
indignación y la preocupación del Jefe de la Policía de Morelos, Alberto
Capella, quien el 31 de mayo, en su habitual mensaje mediático criticó “La
decisión judicial”.
El Comisionado se comprometió
para investigar el problema del caso y posteriormente hacer público el
resultado de mismo e hizo un llamado:
- Aprovechando esta lamentable
circunstancia que nos indigna, es concientizar a nuestros legisladores federal
y se busque una solución inmediata a las deficiencias jurídicas que
lamentablemente prevalecen en el nuevo sistema de justicia penal.
Alberto Capella dijo que el
nuevo sistema de justicia puede provocar impunidad, un incremento en la
incidencia delictiva y un profundo desánimo y descontento social.
Excelente investigación, y cuál es el resultado de esta situación hasta el momento
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