Amplían plazo de investigación en homicidio de empresario

Carlos Quintero J.

Custodios del CERESO en operativo de traslado de internos.

El proceso penal contra el presunto homicida del empresario Juan  Manuel G. B. se retrasará tres meses porque la Fiscalía solicitó más tiempo para recabar pruebas del crimen ocurrido durante una cabalgata en plena avenida Plan de Ayala.

La audiencia tuvo diversas particularidades, como fue el hecho de que provisionalmente conoció el caso un tercer Juez, un nuevo fiscal y el acusado revocó a su abogado particular y pidió que le asignaran un defensor gratuito.

La diligencia, programada a las 13:00 horas del jueves 20 de julio en la sala de 3 del Juzgado de Primera Instancia de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, inició con 12 minutos de retraso.

La primera sorpresa fue que ya no apareció el juez Daniel Adán Rodríguez Apac y tampoco la jueza Gabriela Acosta, sino Jesús Valencia Valencia, quien adujo que la juzgadora tenía problemas de salud.

En el caso del fiscal Pablo Rivera Casales entró en sustitución de Juan Manuel Vida Medina, luego de que supuestamente éste se habría negado a solicitar una orden de aprehensión en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

Lo anterior luego de que el imputado lo señalara como quien le pagó 200 mil pesos como adelanto para que ultimara al empresario de la Feria Cuernavaca 2017.

Respecto al abogado defensor de la persona imputada, Uzziel Jehu Vallejo Tobón no compareció a la audiencia y fue sustituido por la abogada adscrita a la Defensoría Pública, Luz Ileana Fuentes Carvajal. 

Extraoficialmente se informó que José F. E. solicitó un defensor de oficio.

El Fiscal, Pablo Rivera pidió al Juez de Control, la ampliación del cierre de la investigación a tres meses, porque la Policía de Investigación Criminal no logra identificar aún a las personas que participaron en el evento público donde asesinaron a Juan Manuel.

El argumento del Agente del Ministerio Público también se basó en desahogar diversas diligencias relacionadas con datos reservados para establecer así una red de vínculos que pudieran sostener su teoría del crimen.

Ese argumento fue contradicho por Luz Ileana Fuentes porque no es posible que la fiscalía, teniendo los medios adecuados para llevar a cabo sus investigaciones, no pueda avanzar y recabar sus evidencias además que el tiempo solicitado es demasiado para la persona imputada porque permanece privada de su libertad.

Tras escuchar a las partes del conflicto, el Juez se pronunció a favor de la Fiscalía y concedió el plazo de tres meses para el cierre de investigación, debido a que se encuentra permitido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se fija un plazo máximo de seis meses.  

El próximo 13 de octubre del presente será cuando concluya el plazo establecido, y en caso de que no se presente algún contratiempo el juicio se llevara a cabo en los últimos días de diciembre.