Alargan proceso contra exfuncionarios imputados por corrupción

Carlos Quintero J.

El proceso penal que se sigue en contra del exsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Villareal Gasca, y otros cinco exfuncionarios imputados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, se prolongó por enésima vez; en esta ocasión dos de los inculpados revocaron a su defensa y nombrar a otro abogado.

En la audiencia intermedia que se desahogó a las 09:23 horas del miércoles, las personas imputadas: Álvaro Conca Sea y Oscar Herrasti Real revocaron al abogado Jesús García Aguilar para nombrar al postulante, Pedro Martínez Bello quien solicitó a la jueza, un plazo de “por lo menos dos meses” para estudiar el caso y establecer una defensa adecuada para sus clientes.

La petición provocó una leve sonrisa del abogado Jesús García, quien volteó su rostro hacía el área del público para disimular su actitud. Antes el mismo litigante pidió a la juzgadora que la audiencia se aplazara ya que esta situación dijo: “altera la teoría del caso”.

La jueza preguntó al agente del Ministerio Público, Cristian Josué Martínez Quezada sobre su postura, respecto de la petición de sus contrapartes, pero el fiscal no debatió, sólo comentó: “No tengo ningún inconveniente, es su derecho”. 

Ante tal circunstancia, la juzgadora fijo el próximo 19 de septiembre del presente, a las 09:30 horas para llevar a cabo la audiencia intermedia que por tercera ocasiones ha sido diferida por diversas excusas. La última de estas fue el pasado 14 de julio cuando trascendió un posible acuerdo entre las partes para una salida alterna a través de un procedimiento abreviado.

“Que sea la última ocasión”, sentenció la jueza a las partes del conflicto antes de dar por concluida la sesión.

Como se recordara las tres personas imputados, antes mencionados, así como José Jesús Ulises López González, Juan García Avilés y Rey David Olguín Rosas fueron vinculados a proceso en mayo del 2014, luego de que la autoridad judicial resolvió que existen elementos suficientes en su contra por una afectación de más de 100 millones de pesos en agravio del poder ejecutivo.