Exhiben violaciones de derechos humanos en caso de joven detenida
Carlos Quintero J.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos formuló
imputación en contra de María del Carmen A. R., una joven estudiante, detenida
el lunes 9 de abril del presente por su probable responsabilidad en el delito de
falsificación de documento.
No obstante, en la audiencia pública del jueves 12 de abril
se dio a conocer una serie de actos en que incurrió la Fiscalía, sobre
violación al derecho del debido proceso y violaciones a los derechos humanos de
la mujer imputada.
La versión de dos personas, testigos del caso, que
rindieron declaración ante la Juez de Control del Primer Distrito, Teresa Soto
Martínez, contrasta con la investigación de la Fiscal, Martha Gloria Rojas Gil.
El antecedente de la puesta a disposición que firman los
agentes de la Policía de Investigación Criminal Daniel Montenegro Perdomo, Raúl
Guadalupe Magaña Martínez y Juan Carlos Castro Herrera, sostiene lo siguiente:
El día 9 de abril, a las 13:50 horas, los tres agentes se
encontraban casualmente en el corralón de Grúas Ángeles, ubicado en la
colonia Modesto Rangel del municipio de
Emiliano Zapata.
Fue entonces que la encargada de dicho corralón, Vanessa
Lemus García atendió a dos mujeres que llegaron para liberar una camioneta
Xtrail, Nissan.
Lemus García solicitó la intervención de los agentes de la
Policía. Uno de ellos, Raúl Guadalupe Magaña llamó por teléfono al Fiscal,
Andrés Vargas Damián para preguntar sí había firmado el documento de la
liberación de la camioneta.
Vargas Damián negó tal firma y por ese motivo, los agentes
llevaron a cabo la detención de María del Carmen, por el delito de
falsificación de documento y uso del mismo; y de su acompañante Jovita B. H.
por resistencia de particulares.
La otra versión, la de Jovita B. H. y su esposo Antonio
Uriostegui Apaiz establece que alrededor de las 09:00 de la mañana del lunes 9
de abril, salieron de Jiutepec con María del Carmen para acompañarla a liberar
una camioneta.
Ellos llegaron primeramente al corralón de autos “Grúas
Aguilar”, localizado en el poblado de Tepetzingo de Emiliano Zapata.
En su declaración Jovita B. dijo a la Juez que hablaron con
la persona encargada del negocio, quien les informó que la camioneta había sido
trasladada al corralón de Grúas Ángeles.
Fue alrededor de las 11:40 de la mañana que llegaron a
Grúas Ángeles, y se entrevistaron con una mujer, más tarde se conoció que era
Vanessa Lemus García. Ella confirmó que ahí se encontraba la camioneta, y para
su liberación tenían que pagar 15 mil pesos.
Según la versión de la mujer de 40 años, Vanessa Lemus les hizo
entrega de unos documentos para recuperar el vehículo. Ellos se retiraron para
ir por el dinero a la casa de María del Carmen.
Poco después de las 13:00 horas llegaron otra vez al
corralón. En esta ocasión la encargada dijo a las mujeres que tenían que
esperar a una persona. A los pocos minutos arribó un hombre, conducía una
camioneta, y se identificó como Policía de Investigación Criminal.
Se trataba de Daniel Montenegro quien les dijo que tenían
que acompañarlo y se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General:
Antonio Uriostegui, esposo de Jovita, siguió la camioneta del policía.
Una vez en que llegaron al edificio de la Fiscalía,
alrededor de las 14:00 horas, las dos mujeres fueron detenidas e incomunicadas.
En la audiencia, uno de los abogados defensores, Ricardo
Sánchez Bautista dijo a la juzgadora que él acudió a la Fiscalía alrededor de
las 19:00 horas de ese mismo lunes para asumir la defensa de María del Carmen y
Jovita.
Sánchez Bautista se presentó ante la agente de turno del
Ministerio Público pero en lugar de tomarle protesta, le impuso a las dos
personas detenidas, un abogado de oficio a pesar de que ellas se negaron a
aceptar tal designación.
El litigante denunció que fue un día después que
reconocieron su nombramiento pero por órdenes de mandos superiores no se le
permitió tener acceso a la carpeta de investigación y mucho menos allegarse de
una copia del expediente.
Ante esta situación inició una denuncia en contra varios
servidores públicos y una queja ante la visitaduría de la Fiscalía.
La juez, Teresa Soto atendió a las partes del conflicto y
la declaración de los testigos, y con base en ello ratificó la detención de legal,
sin dar respuesta a las violaciones de derechos humanos que denunciaron los
abogados defensores.
Tras formular imputación, la Fiscal Martha Gloría Rojas
pidió a la juzgadora la prisión preventiva en contra de la joven estudiante, en
un caso que no amerita dicha medida cautelar pues no es un delito
grave.
Según la explicación de Rojas Gil, existía el riesgo de que
la mujer imputada no comparecería a las audiencias del proceso porque el
domicilio no era cierto según el reporte que presentó el agente, José Santiago
Cano.
La juez valoró esta situación, y ordenó que de manera provisional,
María del Carmen deberá firmar cada mes ante la Unidad de Medidas
Cautelares para Adultos (UMECA).
Teresa Soto estableció el próximo martes 17 de abril para
continuar con la audiencia de vinculación a proceso en donde se solicitó la
presencia de los servidores públicos implicados en el caso para que declaren al respecto.
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