Pérez Durón, El Simulador.

Carlos Quintero J.

Foto: Conurbados 

La última vez que Javier Pérez Durón acudió a una audiencia oral para supervisar el trabajo de los agentes del Ministerio Público, ocurrió la mañana del martes 8 de septiembre de 2015. En ese entonces, era encargado de despecho de la Fiscalía General de Justicia y quería ser el titular.

La visita “inédita” al juzgado, era para proyectar una imagen de servidor público preocupado y ocupado del trabajo de la Fiscalía, y así legitimar su aspiración de procurador, mismo que dos meses después logró con el aval del su tío, el Gobernador. 

Ese día para su mala fortuna, la audiencia a la que ingresó, el juez de control resolvió no vincular a proceso a las dos personas detenidas. La Fiscalía no logro demostrar que existían suficiente elementos de prueba sobre la probable responsabilidad de los imputados.

El Agente del Ministerio Público, titular de esa investigación, se sorprendió al ver a su jefe en la sala de audiencia y perplejo sólo atinó a decir que el caso había estado difícil. Pérez Durón lo miró decepcionado.

Javier Pérez declaró ante los reporteros:

- Yo fui Ministerio Público por muchos años, por lo que consideré prudente, darme una vuelta a las salas de juicio oral. Nosotros tenemos muy buena comunicación con los jueces y el poder judicial (…) desafortunadamente hoy encuentro que no vincularon a proceso a dos imputados pero el juez de control sólo hizo su trabajo.

El servidor público reconoció las fallas del Agente del Ministerio Público, quien no integró en tiempo y forma la carpeta de investigación, entre estas una identificación por fotografía. El futuro Fiscal General se comprometió a capacitar a todo el personal de la Fiscalía.

Esa vergonzosa audiencia es ahora el antecedente del trabajo que se repite una y otra vez en las investigaciones de la Fiscalía de Morelos.

A más de un año y medio, Pérez Durón simula ser un procurador de justicia pero en realidad es incompetente y encubre las arbitrariedades en que incurren sus fiscales, la gran mayoría amigos que le “enseñaron” el funcionamiento del sistema de justicia penal.

Las directrices sobre la Función de los Fiscales de las Naciones Unidas establecen que:

“Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso” (Artículo 12) 

QUEJAS CONTRA FISCALES

En el 2013 durante el primer año de gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMORELOS) atendió 98 quejas en contra de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Los principales motivos: la falta de integración de la carpeta de investigación; violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; derecho a la legalidad; detención arbitraria, robo y lesiones.

Además, el ejercicio indebido de la función pública (relativa a emitir indebidamente un no ejercicio de la acción penal); allanamiento de morada y dilación en la procuración de justicia, lo anterior de acuerdo con información obtenida a través de una solicitud de información.

La CDHMORELOS da a conocer en su respuesta, al oficio con número de folio 00016917, que las quejas en contra de la representación social se incrementaron, en más de un cien por ciento en el 2014, al pasar a 204 casos; mientras que en el 2015 a 168, y en el 2016 a 140.

   

EL CASO EMBLEMÁTICO

Quienes conocen a la Fiscal de Feminicidios, Fabiola Jazmín García Betanzos cuestionan la “técnica” que utiliza para investigar los casos.

- Cambia declaraciones, solicita ordenes de aprehensión sin fundamento. Ella misma ordena el sentido de los informes, los datos no son reales, pide pruebas periciales a modo, entre otras irregularidades- acusa una fuente de la propia Fiscalía.

La persona entrevistada, quien solicitó la reserva de su nombre por obvias razones, asegura que esta situación deriva en que algunos asuntos se “caen” y otros se pierden en juicios.

Y así es “La Maestra”, como pide García Betanzos que la llamen todos sus subalternos y los abogados, maquilla estadísticas y presume logros que están fuera de la realidad. Basta citar un ejemplo:

La Comisión Independiente de Derechos Humanos documentó que en el año 2016 se registraron 97 casos de feminicidio. Las fuentes periodísticas informaron de al menos 79 casos de mujeres asesinadas ese mismo año en Morelos.

La Fiscalía General del Justicia (FGJ) reconoce de manera oficial la existencia de 31 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, y 48 por homicidios dolosos de víctimas mujeres.

El informe que el Fiscal General Javier Pérez Durón, rindió el pasado jueves 23 de febrero, ante el Congreso local, da a conocer que 57 carpetas se hallan en la etapa de investigación, “33 judicializadas”, 2 con sentencias, otras 2 radicadas en la Ciudad de México.

Sin embargo la estadística de la Administración de Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reportó que la Fiscalía de Feminicidio judicializó sólo 16 carpetas de investigación en el 2016.

La cifra oficial del TSJ, cuya base de datos se encuentra en poder de este reportero, revela que las carpetas judicializadas corresponden: 11 al Primer Distrito Judicial, con sede en Cuernavaca; 2 al Segundo Distrito, en Jojutla; y 3 al Tercer Distrito de Cuautla.

Los juicios orales desahogados ante los tribunales de primera instancia dieron como resultado dos sentencias condenatorias y dos absolutorias.

De lo anterior se desprende que mientras el Fiscal afirmó que existían 33 carpetas judicializadas, la Administración de Juicios Orales reporta solo 16 casos, el año pasado. La cifra que da a conocer Pérez Durón es maquillada.

LA PREMIACIÓN.

Para premiar ese trabajo de investigación, el pasado viernes 24 de marzo a través de una circular, Javier Pérez Durón nombró a Fabiola García Betanzos como Coordinadora Estatal de las Unidades Especializadas de Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidios de Mujeres.

El 7 de diciembre de 2016, el Periódico Oficial Tierra y Libertad publicó el acuerdo 23/2016 con el que se crean dichas unidades y ahora está a cargo de una servidora pública, denunciada por delitos cometidos por servidores públicos y relaciona con quejas presentadas ante la CDHMORELOS.

Basta recordar que el viernes 10 de marzo del presente, una resolución emitida por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Morelos evidenció la actuación arbitraria de García Betanzos.