Impera privacidad en proceso penal contra implicados en desaparición de hijo de jueza

Carlos Quintero J.

Fabián Tonatiuh T. F., de 21 años de edad, desapareció la noche del sábado 8 de octubre. Dos meses después una jueza penal ha dictado el auto de vinculación a proceso en contra de tres personas porque existen indicios sobre su probable responsabilidad.

Se trata de Víctor Manuel J. R., Jonathan F. y Jorge Alfredo M. D., los dos últimos servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.

El caso exhibe una historia confusa que pretende mantenerse en el hermetismo para no “revelar ciertas técnicas de investigación” y que los medios de comunicación no entorpezcan la misma, dijo la fiscal Abigail Rodríguez Nava.

En la audiencia de vinculación a proceso, del miércoles 7 de diciembre, Rodríguez Nava pidió a la Jueza, Gabriela Acosta Ortega, declarar de privada la misma porque derivado de la investigación existen otras personas involucradas y la víctima continúa desaparecida.

Mientras la abogada defensora de uno de los jóvenes imputados, Naybi Ríos Sandoval solicitó a la juzgadora que los reporteros fueran desalojados, y únicamente los familiares tuvieran el privilegio de permanecer en la sala.

Ríos Sandoval defendió la secrecia y privacidad sobre la identidad de su cliente, quien por cierto es servidor público, y por ello enfatizo que los periodistas fueran sacados del recinto, lo que reveló su ignorancia respecto al principio de publicidad y la jurisprudencia que existe al respecto.

“Libertad de expresión y derecho a la información. La responsabilidad por invasiones al honor de funcionarios públicos u otras personas con responsabilidades públicas sólo puede darse bajo ciertas condiciones, más estrictas que las que se aplican en el caso de expresiones o informaciones referidas a ciudadanos particulares”.

Tras meditar por algunos minutos, la jueza Gabriela Acosta criticó que hablar, sobre ciertas “técnicas de investigación” no es algo convincente, y las audiencias no pueden ser parcialmente privadas.

- Todas las audiencias son públicas, toda la gente debe tener conocimiento, familiares cercanos y medios de comunicación- dijo la juzgadora.

Acosta Ortega reconoció que la función de la prensa en informar a la sociedad sobre hechos relevantes pero debido a que la Fiscal argumentó que existen datos que no se pueden divulgar porque pueden poner en riesgo a la víctima, se pronunció por declarar privada la audiencia.

Fue por ese motivo que ordenó el desalojo de 18 familiares de los jóvenes imputados y cinco reporteros que se presentaron para darle cobertura al caso.

Horas después, la Fiscalía General del Estado confirmó en un comunicado que la madrugada del jueves, la autoridad judicial vinculo a proceso penal a las tres personas imputadas por el secuestro de Fabián Tonatiuh.