Citan nuevamente a exfuncionaria para formulación de cargos por fosas de Tetelcingo

Carlos Quintero J.

A más de cinco meses que la Fiscalía General del Estado (FGE) difirió la audiencia de formulación de imputación en contra la exdirectora General de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira se prevé el inicio de su proceso penal para el miércoles 23 de noviembre.

El abogado defensor de Ana Lilia Guerrero, Víctor Javier Hernández Vega confirmó que en días pasados, la autoridad judicial notificó a las partes del conflicto sobre el desahogo de la audiencia, para las 13:00 horas, en el Juzgado del Tercer Distrito Judicial con sede en Cuautla.

En entrevista, Hernández Vega informó que la Fiscalía pretende presentar cargos contra la ex servidora pública por los delitos de uso de documentación falso, delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres.

Además de ejercicio indebido del servicio público y delitos cometidos por servidores públicos en agravio de la sociedad y de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, uno de los 119 cuerpos inhumados de manera ilegal el 28 de marzo de 2014, en las fosas del panteón de Tetelcingo.

   

El lunes pasado 13 de junio del presente, la Fiscalía Regional Oriente solicitó a la Jueza de Control de Garantías, Gloria Angélica Jaimes Salgado aplazar la audiencia so pretexto de que existía información nueva sobre la comisión de otros tipos de delitos en contra la mujer inculpada.

“A mí me han citado en dos ocasiones, de las cuales he venido voluntariamente, desconozco los motivos del por qué no se llevan a cabo las diligencias” dijo en ese entonces Ana Lilia Guerrero al comparecer ante la juzgadora.

Fuentes oficiales reconocieron que hasta el momento sólo existen dos personas que son investigadas por la Fiscalía, por la inhumación ilegal de los cadáveres desconocidos; es el caso de Guerrero Moreira y Jerson Cervantes Gurrea, encargado de Servicios Periciales de Cuautla.

Una de las fuentes, cercana a la investigación, aseguró que existe protección para el exprocurador Rodrigo Dorantes Salgado y el Gobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, quienes conocieron el hecho y pretendieron ocultarlo.

Aunado a lo anterior existe responsabilidad administrativa en contra de varios agentes del ministerio públicos porque incurrieron en actos de omisión, al no integrar de manera correcta las carpetas de investigación, y relacionadas con los cadáveres no identificados.