Fiscal antisecuestro de Morelos implicada en fabricación de delito

Carlos Quintero J.

Adriana Pineda Fernández, aspirante a Fiscal General del Estado de Morelos

La Fiscal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), y una de los tres candidatos propuestos para asumir la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Adriana Pineda Fernández es implicada es la fabricación del delito de extorsión en contra de dos agentes ministeriales.

La resolución emitida por el juez de Control de Garantías de Primera Instancia, Martín Domínguez Casarrubias y la declaración de los abogados defensores Juan Manuel Cuellar Miranda, Miguel Maldonado Coria y Víctor Javier Hernández Vega confirma la aseveración.

En la audiencia de Control de Detención que se desahogó poco después de las 09:30 horas del lunes 28 de septiembre del presente, la autoridad judicial calificó la actuación de la UECS con dos palabras: “engaño y fabricación”.

La audiencia inicial, en la donde la Fiscalía pretendía que el juez ratificara de legal la detención de los agentes Benjamín Vicente Guerrero Godínez y Gloria Cecilia Villalobos Pichardo, reveló una serie de violaciones al debido proceso.

De acuerdo con el documento de puesta a disposición, elaborada de manera conjunta por agentes de la UECS y la Policía del Mando Único se da a conocer que los dos inculpados fueron sometidos la madrugada del sábado 25 de septiembre en un operativo especial.

La versión oficial establece que los detenidos habrían solicitado un pago a Silvia G. G. quien denunció ser víctima de una violación, hecho que al parecer resultó falso, y que evidenciaron los ministeriales Guerrero Godínez y Villalobos Pichardo.

Fue presuntamente por ese motivo que los agentes habrían intimidado a la mujer al decirle que iniciarían una denuncia en su contra por el delito de falsedad de declaración ante una autoridad pero se desistieron de no hacerlo a cambio un pago.

Benjamín Guerrero y Gloria Villalobos fueron detenidos al momento en que, al parecer, iban a cobrar el dinero producto de la extorsión, a través de un pago controlado y exponiendo a  Silvia G. G. a realizar un hecho que podría tipificarse como un delito.

En entrevista, el abogado defensor Miguel Maldonado explicó así este hecho:

- Lo que nosotros argumentamos es que la policía propició la comisión de un nuevo delito, con la entrega de un pago controlado, al hacer esa situación, la policía ya generó la comisión de un nuevo delito en la que la supuesta víctima se colocaba en un plano de igualdad, ilícita.

Los abogados, especialistas en el sistema de justicia penal oral, afirman que la actuación de UECS instigó a la mujer para consumar el delito de cohecho, lo que exhibe la falta del conocimiento de la autoridad ministerial sobre la ley penal.

- Es importante establecer que la propia víctima refiere que se entrevista con la propia titular de antisecuestro, Adriana Pineda y que es ella quien le dirige, y le dice qué hacer, es decir ella misma está propiciando la comisión del delito- declaró el litigante, Javier Hernández.

Y sustentó:

- Es un riesgo para la ciudadanía, el hecho de que hagan que una persona se ponga en esa situación porque al entregar el dinero se convierte también en imputada de cohecho. Tuvieron que haber detenido a las tres personas y a los propios policías que son los que están instigando y están haciendo que la supuesta víctima, cometa el delito.

Por su parte el abogado defensor, Juan Manuel Cuellar destacó que en la supuesta investigación que realizaron tanto la Policía del Mando Único y los agentes de la UECS demuestra una serie de violaciones al debido proceso con la fabricación evidencias. 

- Nosotros no pugnamos porque quede impune este tipo de ilícitos. Lo que pugnamos es porque las investigaciones se hagan de manera responsable y apegada a las técnicas de investigación que debe tener tanto el Ministerio Público como la propia Policía de Investigación Criminal.

Los tres abogados coincidieron al asegurar que existió fabricación de evidencias en este caso además de actos tendientes a justificar la legal detención de los dos policías de investigación criminal.

Fue por eso que el juez Martín Domínguez compartió la misma opinión y ordenó la libertad inmediata de Guerrero Godínez y Villalobos Pichardo, y calificó como "engaño y fabricación" la actuación de la UECS cuya titular, Adriana Pineda aspira a ser elegida por los diputados locales como nueva Fiscal General del Estado.